Esta obra, que viene a complementar al PRACTICUM EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, responde a la necesidad de dotar de los medios necesarios a aquellas personas que habiendo obtenido el Grado en Derecho desean la obtención del título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales. Ofrece los supuestos y cuestiones que responden a la realidad que se produce en la práctica y que permiten preparar la prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples en qué consisten las pruebas de acceso a la profesión. • Más de 2.600 supuestos (más de 150 casos prácticos, más de 750 mini casos con respuesta alternativa y más de 1.700 preguntas tipo test) que se corresponden con los 135 temas de la prueba de Acceso a la Abogacía y los 74 de la prueba de acceso a la Procura • Actualizado al temario de las últimas convocatorias de las pruebas de acceso • Contiene supuestos que se corresponden con las cuestiones planteadas en el examen • Da respuesta a los temarios de Abogados y Procuradores Ofrece a quienes quieren ejercer las Profesiones de Abogado y Procurador los elementos que permiten aplicar los necesarios conocimientos teóricos a través de supuestos y cuestiones que responden a la realidad que se produce en la práctica y que permiten preparar la prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples en qué consisten las pruebas de acceso a la profesión.

El presente libro va dirigido a quienes, al ser beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, precisan ciertos conocimientos para poder gestionarlas (solicitarlas, gastarlas y justificarlas) sin que sea necesario que posean una especial formación previa. La obra tiene una doble vertiente práctica. Por un lado, establece una estructura para guiar la actuación procedimental de un interesado, desde que solicita la subvención o ayuda hasta que la justifica y, en su caso, también si ha de reintegrarla o responder de su actuación, señalando en todos los casos los plazos, requisitos y documentos correspondientes. Por otro lado, resuelve multitud de cuestiones concretas que se plantean en la vida real de una ayuda pública y que no suelen estar contempladas en los manuales al uso. Se pretende que sea de gran ayuda a los interesados.

La crisis sanitaria será, también, una crisis económica. Pero, más allá, de la evolución, es lo cierto que la crisis sanitaria ha demostrado que la concepción y la estructura del sistema sanitario no estaba definitivamente construida para la operatividad de un sistema en red, pensado para la ejecución no final en el seno de una entidad territorial sino pensado para la ejecución en red, con información común, servicios prestados en diferentes Comunidades Autónomas y que permitan hacer frente a un riesgo general desde una concepción global y no parcial. La evolución del sistema apunta decididamente a una concepción puramente asistencial, sin elementos de red y sin visión global del fenómeno de la salud que permita la conjunción de las políticas sectoriales y permita asumir una visión general de la salud en un mundo global y con riesgos muy amplios.

El régimen jurídico y de funcionamiento de las Entidades Locales en sus diversas manifestaciones y contenidos constituye uno de los grandes retos de la sociedad española del siglo XXI. Esta relevancia es consecuencia de diversas circunstancias entre las que se señala, específicamente, que se trata de la Administración más numerosa y, a la vez, más la más heterogénea con cobertura de pequeños fenómenos de actuación administrativa al lado de municipios con una relevancia más notable que otras Administraciones de carácter superior. Esta importancia numérica y su propia conformación heterogénea ha ido unida a un exponencial crecimiento de sus competencias y, sobre todo, de sus servicios ha producido un efecto complejo en la sociedad y en el equilibrio de las Administraciones Públicas. Este esquema previo, unido a la situación de crisis económica, ha justificado la publicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que tiene por objeto «… clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas…». Posteriormente, se han ido introduciendo novedades que el Practicum contempla como las de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y, finalmente, un conjunto de acontecimientos en el ámbito de los impuestos locales y la fiscalidad que constituyen, todos ellos, la principal novedad de este practicum.

La jurisdicción contencioso-administrativa se conforma como una jurisdicción especial que tiene por objeto conocer de los actos y disposición que dicten los órganos administrativos en el ejercicio de su función. Esta jurisdicción especializada ha sufrido una importante transformación en los últimos años que va, desde la introducción de los órganos unipersonales de enjuiciamiento a la superación de la concepción tradicional de la misma que se situaba en el el carácter y la condición revisora de la actuación administrativa para convertir la actuación ante este jurisdicción en una actuación jurisdiccional con pretensiones plenas. El Practicum responde a esta misma concepción. De un lado se articulan los elementos tradicionales y más representativos de la actuación ante la jurisdicción contencioso-administrativa como son los relativos a la organización, competencias, legitimación y representación ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, de otro, los procedimientos ordenados en procedimientos generales (ordinario y abreviado) y procedimientos especiales con referencia, en esta última categoría, a algunos procedimientos especiales de nueva instauración como el de defensa de la unidad de mercado que reconfigura alguno de los elementos centrales de la nueva posición de esta jurisdicción. En esta Edición se incorpora ya la experiencia acumulada del recurso de casación y, específicamente, de sus trámites esenciales para la admisión.

Esta obra, que viene a complementar al PRACTICUM EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, responde a la necesidad de dotar de los medios necesarios a aquellas personas que habiendo obtenido el Grado en Derecho desean la obtención del título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales. Ofrece los supuestos y cuestiones que responden a la realidad que se produce en la práctica y que permiten preparar la prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples en qué consisten las pruebas de acceso a la profesión. • Más de 2.600 supuestos (más de 150 casos prácticos, más de 750 mini casos con respuesta alternativa y más de 1.700 preguntas tipo test) que se corresponden con los 135 temas de la prueba de Acceso a la Abogacía y los 74 de la prueba de acceso a la Procura • Actualizado al temario de las últimas convocatorias de las pruebas de acceso • Contiene supuestos que se corresponden con las cuestiones planteadas en el examen • Da respuesta a los temarios de Abogados y Procuradores Ofrece a quienes quieren ejercer las Profesiones de Abogado y Procurador los elementos que permiten aplicar los necesarios conocimientos teóricos a través de supuestos y cuestiones que responden a la realidad que se produce en la práctica y que permiten preparar la prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples en qué consisten las pruebas de acceso a la profesión.

La publicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas con un plazo de vacatio legis como mínimo de un año, supuso un nuevo esquema de funcionamiento de las Administraciones Públicas. Han transcurridos diversas prórrogas y la segunda no ha acabado siquiera de entrar en vigor. No obstante, puede decirse que ambas tienen, hoy, un grado de consolidación. En el ámbito procedimental que es el que se corresponde con el presente practicum se aprecia una clara incidencia y una apuesta cerrada por el procedimiento de carácter electrónico y por la sistematización y ordenación del conjunto de reformas que en materia de procedimiento administrativo se han ido produciendo en los últimos años. La aparición de la declaración responsable y la comunicación previa, de un lado, y la configuración del silencio positivo como la regla en la actuación administrativa son elementos que ya estaban operativos en nuestro ordenamiento pero que configuran unas pautas diferentes de actuación que se proyectan sobre el conjunto de la actividad administrativa que deberá adaptar las reglas clásicas de funcionamiento a estos nuevos esquemas. Su implantación empieza a tener ahora algunos efectos ya en el plano jurisprudencial que hacen especialmente sensible su análisis. En esta misma línea se opta por un procedimiento común que incluye separadamente, en cada aspecto de la regulación, las peculiaridades del procedimiento sancionador y del procedimiento de reconocimiento de la existencia de responsabilidad patrimonial. La característica más notable es, por tanto, la pérdida de referencia como procedimientos especiales para convertirse en peculiaridades del procedimiento común. En síntesis, un nuevo esquema de funcionamiento, nueva regulación y adaptación sistematizada de algunas de las instituciones que se habían introducido en los últimos años pero que necesitan de un amplio rodaje para su consolidación. Su evolución marca, hoy, la importancia y la continua novedad. La demora introducida en algunos de los elementos clave de la denominada Administración electrónica introduce, sin embargo, una prolongación de la incertidumbre del derecho transitorio y, en general, en la aplicación completa del entramado administrativo, aunque es cierto que esta demora se ve acompañada de algunos de los primeros pronunciamientos judiciales que vienen a aclarar el sistema en su conjunto. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

La publicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales supuso un importante cambio en la ordenación de ambas profesiones y, sobre todo, en el acceso a las mismas. Desde que la prueba de acceso se convocó por primera vez se ha venido publicando el practicum de acceso a la abogacía que trata de ser un corpus teórico y práctico con el que abordar el acceso a la abogacía y cuya finalidad ha sido que los aspirantes a la participación en dicha prueba pudieran disponer de los materiales suficientes para la preparación y superación de dicha prueba. Esta nueva edición correspondiente a 2021 ha supuesto no solo la actualización del conjunto de temas sino, especialmente, el deseo de ajustar los contenidos al programa con el que se viene desenvolviendo la prueba y, por tanto, centrar más los materiales al contenido más estricto del programa que se completaran en breve con un tomo adicional de carácter eminentemente práctico y pensando en la preparación más explícita y en los aspectos de resolución concreta de las cuestiones que se plantean. Esta continua labor de actualización y de compromiso con el objetivo central que se trataba de servir con la instauración de la prueba de acceso ha sido, hasta ahora, bien recibida por los usuarios y esperamos que este esfuerzo adicional mantenga el interés y la utilidad de la Obra. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

Esta obra pretende acercar al lector a la solución de las dudas que puedan surgirle en la contratación de arrendamientos de vivienda. Es un trabajo sumamente práctico y de referencia que, mediante una rica casuística de las preguntas y respuestas más frecuentes en derecho contractual arrendaticio de vivienda, se constituye como una herramienta imprescindible para abogados, administradores de fincas, agentes de la propiedad inmobiliaria y gestores administrativos.
Además, todo ello actualizado conforme a la última normativa legal aplicable (Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler) y acompañado de las más interesantes referencias jurisprudenciales para ofrecer una solución ágil e inmediata a estas cuestiones.
Con esta monografía, el profesional estará debidamente actualizado y podrá responder fácilmente a aquellos problemas concretos que se le planteen en su día a día en el tráfico inmobiliario arrendaticio.